En Baja California, la promesa de la "cuarta transformación" se ha quebrado contra un muro de escándalos. Marina del Pilar Ávila Olmeda, la primera mujer gobernadora del estado, ha visto su mandato ensombrecido por una sucesión de polémicas que van desde presuntos manejos ilícitos de dinero hasta sospechosas relaciones con el crimen organizado.
El escándalo más reciente y contundente estalló en octubre de 2025, cuando la senadora Lilly Téllez hizo públicos unos videos donde el empresario Carlo Padilla, socio del Grupo COCEI, declara sin tapujos haber trasladado 10 millones de pesos en efectivo desde la Ciudad de México para la gobernadora. En la grabación, Padilla no solo detalla el viaje con el dinero, sino que enfatiza su "cercana y muy buena relación" con Ávila Olmeda y su esposo, Carlos Torres. La conexión es aún más turbia cuando se descubre que las empresas de los Padilla han sido ampliamente favorecidas con contratos millonarios del gobierno de Baja California, incluyendo la construcción del Hospital La Morita en Tijuana. Ante la evidencia en video, la respuesta de la mandataria fue desestimar las acusaciones como "puro fanfarroneo".
Pero la sombra de la corrupción internacional se cierne sobre ella. En mayo de 2025, tanto la gobernadora como su esposo recibieron la noticia de que el gobierno de Estados Unidos les había revocado sus visas de turista. Aunque ella lo calificó como una simple "decisión administrativa", reportes periodísticos revelaron que la medida estaba directamente vinculada a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por lavado de dinero, presuntamente relacionada con el "Cártel de los Rusos" de Mexicali. Este golpe a su credibilidad internacional fue seguido por la renuncia de su esposo a su cargo público en junio del mismo año.
Las polémicas no terminan ahí. En 2022, circuló públicamente una fotografía de 2019 donde Marina del Pilar aparece abrazando a Emmanuel 'El Botas' Serrano, un presunto líder del Cártel de Sinaloa. Su defensa – que en campaña se toman fotos con miles de personas – resultó insuficiente para disipar las dudas sobre sus vínculos.
A esto se suma una grave denuncia por la instrumentalización de programas sociales. En 2023, se presentó una queja formal respaldada por un audio donde una colaboradora de la Secretaría de Bienestar de su gobierno condicionaba la entrega de apoyos sociales a cambio de respaldo político para la precandidatura de Adán Augusto López. El abogado denunciante, Ricardo Zurita, ha señalado que la investigación sobre este caso de presunta extorsión no ha tenido avances significativos.
El cuadro se completa con su vida personal: en octubre de 2025, confirmó públicamente que está en proceso de divorcio de Carlos Torres, un anuncio que llega en el punto más álgido de la tormenta política.
Lo que podría descartarse como incidentes aislados se configura, en cambio, como un patrón alarmante de opacidad y presunta corrupción. La promesa de un gobierno honesto se ha visto suplantada por los videos de empresarios fanfarrones, el lenguaje frío de una visa revocada y el silencio incómodo ante preguntas legítimas. La ciudadanía de Baja California merece más que eso; merece hechos y transparencia, no solo negaciones y evasivas.
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