En un movimiento que ha desatado una intensa polémica, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha propuesto reformar el Código Penal del estado para imponer hasta 8 años de prisión a quienes instalen cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines delictivos, una práctica conocida como "halconeo" . Esta iniciativa, presentada como una medida para combatir al crimen organizado, ha levantado sospechas entre la ciudadanía, que cuestiona si realmente se trata de una estrategia de seguridad o de un intento por controlar la vigilancia en el estado.
%20(3).jpeg)
¿Qué propone exactamente la iniciativa?
La reforma al Artículo 317 del Código Penal de Baja California busca incrementar las penas para quienes intervengan o alteren sistemas de videovigilancia con la intención de cometer actividades delictivas. Estas son las claves de la propuesta:
1. Aumento de las penas: Las sanciones pasarían de 1-3 años a 5-8 años de prisión.
2. Multas económicas: Se impondrían multas de 200 a 400 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización).
3. Agravantes: Las penas serían más severas para exservidores públicos o servidores públicos de instituciones de seguridad y justicia.
4. Foco en la vía pública: La ley se aplicaría específicamente a cámaras instaladas en vialidades públicas o inmuebles donde se preste algún servicio público .
Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, aclaró que los ciudadanos que instalen cámaras en sus propiedades privadas no serán sancionados, siempre que no capturen imágenes de la vía pública con fines delictivos .
%20(2).jpeg)
El contexto: El "halconeo" como herramienta del crimen organizado.
La iniciativa no surge en el vacío. Autoridades estatales y federales han documentado cómo el crimen organizado ha utilizado cámaras de vigilancia para monitorear movimientos de fuerzas de seguridad, facilitar el tráfico de drogas y planear emboscadas. Entre los hallazgos más alarmantes:
· Más de 1,600 cámaras de procedencia desconocida han sido retiradas en Baja California durante la administración de Marina del Pilar .
· Solo entre marzo y junio de 2025, la Secretaría de Marina (SEMAR) desmanteló 629 cámaras clandestinas en Ensenada y Playas de Rosarito .
· En Tijuana, se descubrieron centros de monitoreo controlados por el crimen organizado, con más de 200 cámaras instaladas en postes de luz, semáforos y techos .
Estos dispositivos, a menudo camuflados en postes de alumbrado y telefonía, funcionaban como "halcones electrónicos", proporcionando información en tiempo real a los grupos delictivos .
La reacción ciudadana: ¿Protección o criminalización?
La propuesta ha generado un debate intenso en redes sociales y medios de comunicación. Muchos ciudadanos expresan preocupación de que la ley pueda criminalizar a quienes buscan protegerse en un estado con altos índices de delincuencia. En Facebook, usuarios comentaron:
· "Ahora resulta que poner una cámara para cuidar tu casa o negocio ya no es seguridad, ¡es delito!" .
· "El gobierno debería enfocarse en combatir a los delincuentes, no a los ciudadanos que se protegen" .
Otros cuestionan la consistencia de la medida: "¿Las cámaras de la gobernadora y sus allegados también serán retiradas?" .
Perspectivas a favor y en contra
Argumentos a favor
1. Desmantelamiento de redes criminales: Las cámaras clandestinas son usadas por el crimen organizado para espionaje y planificación de delitos .
2. Protección a fuerzas de seguridad: La medida busca evitar emboscadas y asegurar el éxito de operativos policiales y militares.
3. Regulación clara: La iniciativa distingue entre uso privado (permitido) y uso público delictivo (sancionado) .
Argumentos en contra
1. Criminalización de la autoprotección: Ciudadanos argumentan que en un estado con alta inseguridad, instalar cámaras es una necesidad .
2. Posible abuso de autoridad: Temor a que la ley sea utilizada para perseguir disidentes o periodistas.
3. Falta de soluciones integrales: Críticos señalan que la medida no aborda problemas de fondo como corrupción, impunidad o falta de policías .
Análisis legal: ¿Qué dice la iniciativa?
La reforma propuesta introduce modificaciones clave en el Código Penal de Baja California:
· Nuevas conductas delictivas: Se penaliza la instalación, intervención o alteración de sistemas de videovigilancia en vías públicas o inmuebles de servicios públicos con fines delictivos.
· Sanciones a servidores públicos: Se duplican las penas para funcionarios que colaboren con el crimen organizado .
· Protección de canales oficiales: Se prohíbe la intervención de transmisiones oficiales de instituciones de seguridad .
Conclusiones: ¿Equilibrio entre seguridad y libertad?
La iniciativa de Marina del Pilar refleja un dilema moderno: cómo regular la tecnología sin vulnerar derechos ciudadanos. Mientras el gobierno insiste en que la medida es necesaria para desmantelar redes de espionaje criminal, critics advierten sobre riesgos de criminalizar la autoprotección en un contexto de violencia creciente.
Lo que queda claro es que ninguna ley será efectiva sin transparencia en su aplicación y sin atacar las causas estructurales de la inseguridad en Baja California. La ciudadanía, por su parte, deberá mantenerse vigilante para asegurar que el equilibrio entre seguridad y libertad no se incline peligrosamente hacia el control estatal.
Referencias:
· Proceso
· Yahoo Noticias
· Newsweek Español
No hay comentarios.:
Publicar un comentario